Libertad política y económica, dos caras de la misma moneda 

La libertad política es la consecuencia de la libertad económica.

Gral. (sp) Juan Carlos Rueda Montenegro

Dra. Jacqueline Estrada Salazar

La libertad política es el colorario de la libertad económica  y todo lo que ella implica: libre mercado, propiedad privada de los medios de producción, respeto de los contratos,. entre los temas más sobresalientes, constituyen las premisas de la libertad económica. Un sistema que respeta la propiedad privada, respeta la vida, porque esta y no otra cosa, es su base material, en ella se sustentan la satisfacción de las necesidades.

Una sociedad que no se respeta la propiedad privada, somete a sus integrantes a una condición de esclavitud, en la que la subsistencia de todos sus miembros depende de un sistema de administración estatal, a cargo de un partido, que se ha convertido por obra de la voluntad de la mayoría, en la encargada de la programación de la economía, que dicho sea de pasó, no esta suficientemente expresada así, pues se refiere a una economía de planificación central, que incluye todos los procesos de elaboración y consumo, y va mas allá, pues se asume en esta planificación, el establecimiento de las necesidades de los miembros de la sociedad, los medios y los factores de producción, etc; es decir, una economía que influye sobre todos los aspectos de la vida de sus miembros, hasta en los asuntos más impensables, como podría ser la idea de una familia en la que los hijos son custodiados y criados por el Estado. El modelo socialista, es pues, un modelo de planificación central, que bien se le puede llamar un sistema político y económico de control total.

Por todo esto, la economía de planificación central o  sistema de control total de la economía, difiere en forma opuesta y radical a un sistema que propone libertad económica,  que no quiere decir, de ninguna manera, que no estará planificada, pues lo que en realidad significa,  es que quienes la ejecutarán, serán los miembros de la sociedad, todos los ciudadanos, con sus decisiones soberanas sobre que consumir y que no hacerlo, así determinarán las cosas a producirse, la cantidad y los precios de los productos para satisfacer sus necesidades, por ello, la libertad económica deviene en libertad política, en el derecho inalienable de expresar sus decisiones y de aceptar las consecuencias en forma responsable.

En un sistema de libertad económica, las personas  pueden escoger en forma libre, y si lo hacen bien, entonces las consecuencias de sus decisiones, favorecerán sus vidas y sus emprendimientos, la mejor forma de garantizar que ellos han tomado decisiones adecuadas, es cuando se logra  el reconocimiento social, así y solo de esa forma, los medios de producción, pasan a las manos más calificadas, a los emprendedores y trabajadores de mayor éxito, pues su logro está en favorecer el bienestar de la mayoría.

Sin libertad económica no hay libertad política, abundando en el tema, cuando una sociedad ha preferido el sistema de planificación central, se pretende involucionar a las personas, que gracias a su educación, a la cultura, a la experiencia y a sus propios esfuerzos han alcanzado un nivel de libertad política – racional, digo pretenden retrotraerlos a las condiciones primitivas, a tribus y clanes que unidos por la ignorancia, el miedo, el hambre y la miseria, se tornen en comunidades sin libertad, sumisas a los designios de un todo poderoso Estado, convertido en la deidad, que se apresta a guiarlos y conducirlos al paraíso de la satisfacción de sus necesidades, pero pronto, y más temprano que tarde, los llevan al colapso, y sólo cuando ya es cuestión de subsistencia, no les queda otra alternativa que revelarse, y reiniciar  el camino de la racionalidad, dejando así, con dolor ese pensamiento mágico, propio de las tribus que divagaban por el mundo bajo la amenaza de la miseria y la ignorancia.

Fachas

No es algo nuevo. Desde hace años, en los medios de comunicación mainstream, institutos y universidades se utiliza el adjetivo “facha” para describir a quien discrepa de la superioridad moral del pensamiento único. Superioridad moral que, por cierto, no aguanta ni el más mínimo debate.

Evidentemente, y como en todo cambio significativo en la sociedad, el despertar ha sido lento pero firme. El 2 de Diciembre, el Partido Socialista sufrió, seguramente, uno de los golpes más duros de su historia. A estas alturas, si todo sale según lo previsto, podemos estar seguros de que perdieron el gobierno en su mayor nicho de votos, Andalucía, donde llevan gobernando casi cuarenta años. Al final, esos “fachas” que parecían estar amordazados y atemorizados por “el qué dirán” ganaron las elecciones, y demostraron que luchar por lo que es correcto vale la pena.

La reacción de la izquierda, que siempre ha sido profundamente demócrata (por favor, nótese el sarcasmo), no se hizo esperar ni 24 horas. El mismo 2 de Diciembre, cientos de estudiantes movilizados por Podemos asistieron a manifestaciones ilegales contra los frutos de la fiesta de la democracia. Mientras tanto, la aún presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que hizo una campaña más que grosera contra sus adversarios políticos, esquivaba toda autocrítica y, días después, compartía un artículo de un profesor que, al ver que algunos de sus alumnos seguían a VOX en Instagram, lamentaba no haberles adoctrinado más cuando pudo. Y los medios de comunicación, mientras grandes partidos políticos protagonizaban ejercicios de una irresponsabilidad democrática y moral inaudita, ¿de qué hablaban? De VOX mismo. Les preocupa más la aparición de un partido perfectamente constitucional que la violencia de la turba “antifascista” contra aquellos que no comulgan con sus abominables ideas. Hicieron gala de esa doble moral que les ha caracterizado siempre, según la cual todas las opiniones son válidas hasta que contradicen sus dogmáticas propuestas. Entonces usan el calificativo “facha” para señalar a los políticamente incorrectos, que según ellos son el mal personificado. “¡¿Cómo piensan así?!”, se preguntan utilizando esa fatal arrogancia que demuestran cada día.

Detrás de la etiqueta fácil con la que nos señalan a quienes defendemos la libertad sin complejos, se esconde un temor desmedido. Es el miedo al debate, a la lucha de las ideas y los ideales, a enfrentar opiniones con argumentos y no con puñetazos. Este sentimiento ha calado en la sociedad, y de qué manera. Tanto es así que los enemigos de la libertad están acostumbrados a que se les siga el juego y, cuando uno desafía la verdad oficial lo más mínimo, le insultan, increpan y agreden. Hace unos días, 15 energúmenos le pegaron una paliza a un chaval en la Universidad por defender la unidad de España. Los insultos hacia los liberales y conservadores están completamente normalizados y el Sindicato de Estudiantes, con la excusa barata de “luchar por los alumnos”, utiliza a los más jóvenes para fines políticos con el silencio cómplice de la mayoría. Y todo esto sin que casi nadie levante la voz por si corren la misma suerte que aquellos que se atrevieron.

Una de las vías que utilizan los verdaderos intolerantes, esos que se hacen llamar “antifascistas” y usan los medios de comunicación como medios de activismo, es dividir a la sociedad en grupos que consideran antagónicos. Intentan hacer su propia versión de la división marxista entre explotadores y proletarios. Así pues, en vez de individuos libres e iguales ante la ley, ven hombres (este grupo es el opresor, por supuesto) y mujeres, blancos y negros, liberales y socialdemócratas, votantes de PP, Cs o VOX y votantes de PSOE y Podemos… Así podría estar todo el día. Incluso los miembros de aquellos grupos que dicen defender que se dan cuenta de cómo les utilizan son insultados y verdaderamente amenazados por la extrema izquierda. Cabe preguntarse si esto es así porque quienes debieron oponerse al colectivismo han mirado a otro lado.

¿Se puede acabar con esta dictadura de lo políticamente correcto? Puede, pero para ello hay que perder el miedo a los insultos, mostrarnos tal y como somos y sentirnos orgullosos de pensar como pensamos. Si otros no tienen problema en decir lo que opinan, ¿por qué nosotros deberíamos tenerlo? ¿Hay algún inconveniente en que una opinión sea poco aceptada o polémica? El pensamiento unidireccional no sería tan poderoso si los silenciados se atrevieran a desafiarlo. En la política, como en la vida, no se puede ni se debe contentar a todo el mundo. PP, Cs y VOX deben saberlo. Deben ser auténticos y tomarse los insultos de la izquierda como lo que son, un halago. Al fin y  cabo, estos tres partidos tienen, supuestamente, posiciones contrarias a sus adversarios socialistas y socialdemócratas. Incluso desde la perspectiva de alguien que solamente mira por los votos, no encuentro razón alguna para molestarse por la opinión de los populistas, ya que no comparten un mismo target. Un político no puede esperar que le vote todo el mundo. Por ejemplo, no se pondrán nunca de acuerdo en economía un comunista y un liberal clásico, y pensar lo contrario ha sido clave en la degeneración de ciertos partidos que han perdido sus principios para sustituirlos por el punto de acuerdo. Necesitamos políticos valientes que, como Thatcher, no sean de “consenso” sino de “fuertes convicciones”. Nada más poderoso que la autenticidad contra la corrección política.

Podemos apreciar entonces que, para escapar del debate, los dogmáticos seguidores del pensamiento único utilizan la palabra “facha” para calificar a todo aquel que disidente de sus ideas. Así pues, y sin gran oposición social, se han normalizado los insultos contra los políticamente incorrectos, la utilización de los estudiantes y diferentes colectivos para fines políticos y, en definitiva, el acoso social y mediático contra aquellos que tienen opiniones más o menos polémicas. Esta autoritaria deriva es reversible. Es responsabilidad de los atacados dejar de buscar el consenso absoluto, reconocer que no se puede ni se debe estar de acuerdo con todo el mundo y actuar en consecuencia. Sólo se acabará con el colectivismo y con el miedo de una manera: sin complejos.

Derivando falacias socialistas 

Jackie Estrada Salazar
Emprender una tarea de estas dimensiones no es una tarea fácil. Desmontar el dogma de la igualdad que promueve el socialismo, debe partir de entender sus planteamientos en el orden económico y político, y qué es lo que estos proponen, para conseguir una sociedad con mejores niveles de justicia social como aplicación de esa premisa.
Para los socialistas, justicia social implica la distribución de la riqueza total entre los miembros de la sociedad. Sobre la idea de que todos los hombres son iguales, el socialismo apela a una redistribución dando a cada uno según sus necesidades; así las cosas, no se formulan el origen y la generación de la riqueza, solo proponen su reparto. Esta repartición de la riqueza no se funda en la justicia, peor aun en las leyes de la economía, está sustentada en la ficción de que todos los seres humanos son iguales, y que tienen los mismos derechos, y en este caso los mismos derechos de usufructo de la riqueza.
El planteamiento de la igualdad de los seres humanos con la vaguedad que lo hace el socialismo, es falaz. Se trata de confundir interesadamente una propuesta política, que plantea que todos los seres humanos, por el hecho de serlo, tienen igual dignidad, lo cual implica desconocer la discriminación por cualquier causa. Este principio implica reconocer su individualidad, las diferencias entre cada uno de nosotros, y el respeto que le es consubstancial a ese reconocimiento. No se puede articular una sociedad humana como un rebaño, los seres humanos no pueden ser sometidos a la depravada idea: que todos somos iguales, hay que derrivar el concepto de la igualdad como quisieron imponerlo los socialistas, que además se han declarado los más iguales entre los iguales, ellos han asumido que son la clase dirigente, la que determina la organización social desde la autoridad de los que imponen la igualdad al resto de la sociedad.
El mito de la igualdad que plantea el socialismo debe ser reemplazado por la equidad, que supone el reconocimiento de las diferencias en todos los órdenes de los seres humanos en una sociedad libre, diferencias que determinan sus capacidades y méritos, pero también sus flaquezas y debilidades, entonces y solo entonces se defenderá la riqueza y la justicia que emanan de una distribución equitativa, según los esfuerzos legítimos de los individuos que la han alcanzado.

twitter: @jackiestradas

Foto: Clem Onejehuo 

Contra la reforma federal de España 

 Es habitual en la política española encontrar propuestas de un modelo de estado federal, incluso en partidos liberales, pero todas estas propuestas presentan una falta total de contenido e incluso son contradictorias ya que incluyen la idea de eliminar las diferencias que son intrínsecas con los sistemas federales y se basan en una profunda centralización, eso sí, en otra unidad territorial.

Es habitual en la política española encontrar propuestas de un modelo de estado federal, incluso en partidos liberales, pero todas estas propuestas presentan una falta total de contenido e incluso son contradictorias ya que incluyen la idea de eliminar las diferencias que son intrínsecas con los sistemas federales y se basan en una profunda centralización, eso sí, en otra unidad territorial.

Un modelo federal imposible

En primer lugar, hay que indicar que los estados federales funcionan como modelos para fusionar estados independientes, así ha sido el caso de Suiza (su nombre oficial es Confederación Helvética, aunque realmente es una federación), los Estados Unidos, que es la unión de las 13 colonias que se independizaron de Inglaterra como estados independientes, y de Australia y Canadá, que son federaciones de antiguas colonias británicas diferentes. Casos diferentes son Alemania y Austria, con estructuras federales a consecuencia de la II Guerra Mundial, que funcionaban de forma tradicional como una unión de estados.

Otros estados federales son los que se formaron en estados de nueva formación, como Argentina, Venezuela o, después de varios años, Brasil. También existen monarquías federales, como Malasia o Emiratos Árabes Unidos, que se forman también cuando un conjunto de colonias o de protectorados obtienen la independencia.

Ninguno de estos se asimila al caso de España, un país muy antiguo con una larga tradición de estado unitario, en el que hubo un intento de Constitución Federal, durante la I República, que acabo en una guerra civil antes incluso de su proclamación. Esto se debió a que la reforma no se realizó de abajo a arriba, sino que se trató de imponer de arriba a abajo, de forma similar a como se propone actualmente, por un grupo de políticos que tuvieron en cuenta otros objetivos diferentes al bienestar de los ciudadanos.

Ingeniería social

Además, las Comunidades Autónomas que se pretende transformar en Estados Federales son una obra de ingeniería social, muchos de ellos sin ninguna tradición, creado ad-hoc para esta estructura.

Mientras que la división provincial data del año 1833 (con la excepción de Las Palmas, formada en el siglo XX) y tienen una fuerte implantación, las Comunidades Autónomas actuales se formaron entre 1979 y 1983, excepto las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla, la mayoría sin refrendo popular y en la mayoría diferentes a las divisiones regionales de 1833 y a las diferentes regionalizaciones, incluidas las del proyecto de República Federal.

El actual sistema es una obra de ingeniería social, que incluso utiliza nombres que llevan al error, como la denominación de Comunidades Históricas que no tiene que ver con su antigüedad o tradición, sino por el Artículo de la Constitución Española al que se acogieron para su formación. Con símbolos creados para la ocasión y, en la mayoría de los casos, creadas sin refrendo popular o incluso a pesar de la oposición de los ciudadanos. A esto hay que añadir que transformar directamente estas Comunidades Autónomas en Estados Federales se debe considerar un fraude de ley, ya que no se crearon con ese objetivo.

No quiero decir con esto que se deban desmantelar, pero no considera que sea imprescindible mantener sus integridades territoriales.

Una alternativa liberal

Una alternativa liberal se debe basar en tres principios fundamentales: cercanía al ciudadano, contar con el refrendo popular y ser viables económicamente.

En lo referente al primer principio, cercanía al ciudadano, la estructura debe comenzar en los municipios, no se debe plantear un tamaño mínimo o un número de municipios concreto, habrá tantos como deseen los ciudadanos y del tamaño que los haga económicamente viables. Estos municipios pueden prestar los servicios más próximos al ciudadano, como son servicios públicos, incluyendo seguridad a escala local, emergencias, transporte y educación; tráfico, urbanismo, patrimonio histórico-artístico, medio ambiente y servicios sociales.

A continuación, se encontrarían las diputaciones provinciales, que tendrán como competencias los servicios públicos a nivel de provincia, que incluyen la administración de justicia, y la coordinación de seguridad y emergencias en los casos que afecten a varios municipios.

En un tercer nivel, estaría la comunidad autónoma que tendrán como competencias los servicios públicos a nivel regional y la coordinación de competencias, al igual que en las diputaciones provinciales, pero a nivel regional, destacando los servicios de sanidad y los recursos en la administración de justicia. No se contempla la posibilidad de política exterior, aunque en el marco de la Unión Europea podrían gestionar la formación de eurorregiones.

Por último, el país, que tendría competencias exclusivas en política exterior, defensa, marina, diplomacia, homologación de títulos formativos a todos los niveles, y la coordinación de los servicios públicos a escala nacional.

De modo general, una competencia será llevada a cabo por la administración más pequeña que puede ejecutarla de forma viable.

Seguro que se echan de menos competencias y ministerios, pero ¿son realmente necesarios?

El segundo principio es contar con el refrendo popular, es decir que toda la estructura territorial puede modificarse en función de la voluntad de los ciudadanos de cada una de estas estructuras mediante referéndum.

Así, partiendo de la situación actual los municipios podrían fusionarse, pero también se permitiría la segregación de sus núcleos de población para formar nuevos municipios o anexionarse a otros ya existentes, tras liquidar las posibles inversiones realizadas en esa unidad. La anexión y la creación de nuevos municipios no requerirían de continuidad geográfica.

Este mismo principio se aplicaría también a nivel de diputación provincial y de comunidad autónoma que también podrían fusionarse o segregarse, por lo que municipios podrían cambiar de diputación y de comunidad autónoma, formar una diputación nueva o crear estas nuevas comunidades autónomas.

El tercer y último principio es el de ser viables económicamente, y este es fundamental.

En primer lugar, cada unidad administrativa debe definir y recaudar sus propios impuestos de manera que sea viable financieramente, así, una unidad administrativa puede decidir prestar más servicios a cambio de aumentar la recaudación, o disminuir el gasto público mediante la privatización o el copago de ciertos servicios. Estas decisiones se tomarían en el nivel más cercano al ciudadano, por lo que su influencia y su responsabilidad en la decisión sería mayor.

Así, por ejemplo, un municipio podría decidir ofrecer educación gratuita a todos los niveles a sus ciudadanos mediante centros públicos propios, mediante centros privados concertados, mediante centros públicos situados en otra localidad con la que mantendría un acuerdo, o mediante la emisión de cheques escolares válidos en cualquier centro, o incluso podría decidir no prestar ese servicio a cambio de mantener unos impuestos más bajos. En estos casos cada centro podría escoger su programa de estudios, con la única condición de que sería la labor coordinadora nacional en educación la que, tras la superación de exámenes de grado, concedería los títulos académicos.

Otro ejemplo sería la sanidad, en este caso cada unidad administrativa decidiría que servicios prestar a sus ciudadanos y en qué tipo de centros (públicos, públicos de gestión privada o privados), siendo las funciones coordinadoras de las administraciones superiores las que garantizarían que se atiendan las urgencias a todos los ciudadanos en todo el territorio y se asegurara unas atenciones mínimas, con las correspondientes contraprestaciones económicas entre los actores.

Todas estas decisiones, al tomarse al nivel más cercano al ciudadano, serían más fáciles de valorar por parte de estos, lo que incentivaría el optimizar la gestión de las unidades administrativas.

¿Y qué ocurre si una unidad administrativa quiebra? Pues se debería disolver, es decir, que o bien se integraría en otra unidad administrativa equivalente o se fraccionaría pudiendo sus partes mantenerse independientes o integrarse en otras de manera que se garantice su viabilidad económica; ya que, al fin y al cabo, habrían sido las decisiones de sus gobernantes con el apoyo electoral de los ciudadanos, las que habrían desembocado en esa situación.

¿Qué se gana?

Aunque esta estructura es más complicada que la actual, presenta como principales ventajas un mayor acercamiento a las necesidades de los ciudadanos y una mayor responsabilidad de los gestores.

Además, se fomenta una competencia entre administraciones que llevarían a una mejora progresiva de los servicios a los ciudadanos a la vez que a una sucesiva reducción de sus gastos.

Una crítica podría ser que ciudadanos de diferentes territorios tendrían diferentes derechos según las servicios públicos a los que tendría derecho de acuerdo a las decisiones de las administraciones a las que están adscritos, pero eso no sería real, por un lado las labores coordinadoras a nivel nacional garantizaría unos servicios mínimos para todos, y por otro el hecho de que una administración, en igualdad de competencias con otras, decida prestar más o menos prestaciones no va contra la igualdad de derechos sino que es una muestra de libertad de decisión; en todo caso, si un ciudadano no estuviera satisfecho con los servicios que presta la unidad administrativa a la que está adscrito podría plantear cambios en la unidad más pequeña, que es la más fácil de influir, mudarse a otra unidad administrativa, o si tuviera el apoyo de un grupo de ciudadanos de su mismo núcleo de población, podría plantear una secesión de la unidad administrativa.

¡Con Petro gana el odio, pierde Colombia!

La idea de país de Petro está basada en el odio, el resentimiento, la venganza y la pereza. Esas ideas no unen, crean sociedades violentas y perezosas, convierte a los ciudadanos en parásitos del Estado.

Gustavo Petro es un narcisista que pone en peligro la estabilidad del país, su discurso de odio, segregación, división y sus propuestas de gobierno fundamentadas en el tan reconocido y fracasado socialismo del siglo XXI, del cual él fue asesor en su implementación en la vecina Venezuela, demuestran el porqué no merece ser presidente de Colombia. Además, el cambio tan abrupto de su tesis de país demuestra que engaña, no quiere gobernar sino controlar el poder.

Su discurso está cargado de resentimiento y venganza. Colombia venía en un continuo avance en la erradicación de la lucha de clases, ya se había extinguido casi por completo de la sociedad, Petro la revivió en Bogotá y en campaña en todo le país. ¿Te imaginas cómo será si llega a la Casa de Nariño? Su discurso incita a la violencia contra ricos, los cuales muchos, por no decir que todos, consiguieron su riqueza de manera honesta, trabajando, con dedicación y luchando contra todas las trabas que este país le pone al emprendimiento y al desarrollo. Petro quiere ver menos ricos, ojalá entienda que lo que se quiere y lo correcto es querer y luchar porque haya menos pobres.

 

 

Petro no sabe qué es trabajar en equipo, en este momento Colombia necesita de un presidente que nos una a todos en pro de sacar esta nación adelante, no uno que nos divida. En 2013 un amigo del candidato escribió: “Un déspota de izquierda, por ser de izquierda, no deja de ser déspota. La democracia no es sólo un ideal, sino que implica prácticas de respeto y solidaridad, especialmente cuando se trata del uso del poder al servicio de la transformación social”. Hasta los amigos más cercanos de él reconocen que es un déspota que no sabe trabajar en equipo y que soló sabe hablar de democracia porque de ponerla en práctica nada de nada.

Su falta de liderazgo, planeación y su forma de improvisación demuestran su incapacidad de gestión. Su gobierno, en la alcaldía de Bogotá, es una buena muestra de ello. Durante su gobierno, Petro tomó decisiones inviables que produjeron pérdidas incalculables en la cuidad, pasarán años para recuperarse. Ni hablar de su manejo de las basuras, dejó a la ciudad sumergida en la inmundicia por casi un mes y puso en riesgo la vida de mas de 8 millones de personas; Bogotá olía a basurero y las ratas eran reinas en las calles, ¿Es la Colombia que queremos?

Sus amigos políticos en Latinoamérica son otro motivo para no votar por Petro. Todos han llegado al poder gracias a la democracia, luego allí, crean regímenes autoritarios y violentos para perdurar en el poder evitando todo asomo de democracia. Mestra de ello son Bolivia, Venezuela y Nicaragua.

En cuanto a su gestión en la alcaldía de Bogotá denota su ineficiencia; prometió construir y entregar a los más necesitados 70.000 viviendas de interés prioritario (30 mil para personas vulnerables y 40 mil para víctimas de la violencia), soló construyó 2.900; prometió 100 colegios nuevos de los cuales hizo cero, dice que entregó 48 pero eso es falso pues no fueron construidos desde cero. Algunos los restauró, otros los compró y ya estaban funcionando y otros los terminó de anteriores administraciones, eso no quiere decir que los allá construido; prometió construir 1.000 jardines infantiles nuevos, se gastó más de $80 mil millones en esto y solo entregó seis jardines nuevos y en mal estado, tocó cerrar varios; prometió construir 5 kilómetros de línea del metro y construyó cero; prometió que iba a levantar 10 puentes vehiculares y no hizo ni uno; y que iba a reparar el 100% de ciclorutas y soló reparó el 8% de estas. Del 100% de sus propuestas soló cumplió el 57% de estas… y a medias.

Estos son solo algunos resultados del desastre y fracaso de las políticas de la ‘Bogotá Humana’ dirigida por un hombre egocéntrico y narcisista que llevó a una ciudad al borde de la perdición, dejándola en un coma intensivo y que ahora quiere que esas mismas políticas fallidas sean implementadas en todo el país bajo el lema de una ‘Colombia Humana’. Eso no lo podemos permitir. La idea de país de Petro está basada en el odio, el resentimiento, la venganza y la pereza. Esas ideas no unen, crean sociedades violentas y perezosas, convierte a los ciudadanos en parásitos del Estado. No fomenta ni premia el emprendimiento, trabajo e inteligencia, sino que glorifica y favorece la vagancia.

Los colombianos deben votar por una idea de país sólida y centrada, por un candidato serio, reposado, joven, que evite la polarización, los colombianos debemos votar por la juventud y la experiencia, por Iván Duque y Marta Lucía Ramírez, ellos son el mejor equipo para llevar a Colombia a su mejor versión.

El peligro del Estado totalitario 

Por: Jacqueline Estrada Salazar & Juan Carlos Rueda Montenegro

¿Cómo pasó? Cómo estamos llegando a este punto, cómo lo que nació como un deseo de darle reglas a la organización política para garantizar los derechos de las personas, terminó siendo un sistema totalitario en el cual el Estado está llegando a controlar todos los aspectos de la vida de las personas. Se encargan de todo: La educación, la economía, se controla la información, la propiedad privada, el comercio, la movilidad…..

El poder estatal debe tener límites. Esto ha sido un planteamiento de muchos pensadores, políticos y filósofos de todos los tiempos. Muchos también han señalado la naturaleza corruptiva del poder, ellos nos han legado una serie de sentencias en uno y otro sentido. Los pensadores, políticos y filósofos que sostienen que la libertad es un valor fundamental que determina la naturaleza humana se oponen a un sistema de corte autoritario que pretende hacer del Estado un ente de control total. Sin embargo, hay evidencia de que el poder del Estado se incrementa en todos los sistemas políticos y en especial en aquellos que plantean un modelo de Estado de corte socialista, pues en ese modelo, más que en otros, – aunque por desgracia no solo en este – los gobiernos se erigen como representantes de las mayorías y en su nombre arbitran toda clase de decisiones que a la postre coartan las libertades individuales.

El modelo de control total rompe sin duda la aspiración de los hombres de defender su libertad. El Estado en todas sus versiones y en unas más que en otras, se atribuye la capacidad de dar seguridad a los miembros de la sociedad, defender la vida y la propiedad privada, y con esos propósitos ha ido consolidando en torno a si mismo una serie de capacidades que se ven extendidas cada vez con mayor fuerza, pues se le amplían sus prerrogativas respecto a la demanda original con la que fue instituido. Para ello cada vez se amplían las demandas de seguridad relacionándola con la satisfacción de una serie de necesidades sociales. La educación, la salud, el trabajo, la vialidad, la infraestructura de las comunicaciones, la energía, el agua, y por ese orden se reclama del Estado todo tipo de garantía para la satisfacción de estas necesidades, así las propias sociedades presionan con exigencias que no le incumben a la naturaleza del Estado. Este nació con la responsabilidad de proteger la vida y la propiedad privada y de administrar justicia para que los hombres en sus relaciones tengan un tercero independiente a quien acudir para reclamar sus derechos, se le dio al Estado la responsabilidad de dar seguridad a las personas para evitar la agresión ilegítima de otros, por esto los deberes básicos se refieren a crear las condiciones para garantizar a la sociedad el orden público y darle la garantía de seguridad respecto a las agresiones de extranjeros que pretendan conquistarlos o someterlos. Por ello, la seguridad a la que se refiere el pacto original se traduce en la defensa de valores concretos, de los derechos individuales relacionados con la vida, la libertad civil y la propiedad privada, derechos que no pueden ser allanados ni por otros individuos, y desde luego tampoco por el Estado, pues rompería el pacto original, en el cual el hombre ha cedido una parte de su libertad para garantizar esos derechos. Sin embargo, los ciudadanos inducidos por doctrinas colectivistas de corte totalitario han exigido que sea el Estado, y no ellos mismos como corresponde, el que debe dar garantía a otros valores como la educación, la salud, el trabajo, la jubilación… En general requieren del Estado la satisfacción de toda necesidad, así quienes encarnan el Estado reclaman de los ciudadanos mayores atribuciones para compulsivamente gobernar, controlar, sancionar. Sin duda esto requerirá impuestos y contribuciones de los mismos ciudadanos y esto se convierte en un círculo vicioso por el cual el Estado es cada vez más omnipresente y poderoso.

Esto solo puede revertirse si los ciudadanos emprendemos en la confrontación de las ideas sobre la libertad civil, la libertad económica y política, sobre las consecuencias de perderla y los efectos que sobrevienen para la sociedad cuando las naciones se han dejado subyugar por las falacias y el espejismo que venden los políticos de tendencias colectivistas, totalitarias y estatistas, de ambos extremos del pensamiento político.

Diagnóstico presidencial de Colombia

Colombia se está jugando el partido de su vida. El panorama del país no es muy alentador, la sociedad pide un cambio pero a la vez en medio de una polarización tan grande podemos ver que para las elecciones del próximo 27 de mayo existen candidatos para todos los gustos.

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