El Gobierno de Sánchez asalta por Decreto el Código Civil Español con la ideología (neomarxista) de género

El Real Decreto Ley del gobierno de Sánchez (PSOE), autoritario por la forma y arbitrario por el fondo, introduce, ya de lleno y sin reservas, la ideología neomarxista de género en el Código Civil Español. Durante años, se ha abonado el terreno con las políticas públicas de discriminación estatal positiva de la mujer. Con estas políticas se reconocen como realidades inevitables dos aberraciones conductuales para autojustificar la intromisión estatal en la vida privada:

  1. se reconoce a la mujer como un ser inferior a proteger coactivamente por los poderes públicos frente al varón, y
  2. se reconoce la autoridad del machismo sobre la mujer.

Por hacer un resumen, el contexto social y normativo es el siguiente: Ley de violencia ‘’de género’’, Institutos estatales y autonómicos orientados exclusivamente a la mujer como un ser aislado en la sociedad, propaganda mediática en general y con las tragedias humanas en particular, adoctrinamiento de género en medios, escuelas (asignatura de Educación para la Ciudadanía) y universidades, intromisión del estado en la vida sexual, relacional y familiar de los adultos, incitación político-mediática a buscar en el género el origen de la agresividad del ser humano, ideologización-socialización de las relaciones privadas e implementación de políticas discriminatorias y atentatorias contra la autonomía personal de la mujer y los derechos del varón, y muchas más políticas por el estilo.

En dicho contexto, la resonancia social está sesgada de forma tal que a la vista de los ‘’datos’’ que el mismo marco político de coacción genera, el varón aparece como agresor y machista congénito (ADN). Y la mujer, a modo de contraparte, como víctima de nacimiento. De ahí, pues, que los impulsores de estas conductas antisociales, hayan conseguido crear una lucha que pretenden insalvable entre sexos, y supuestamente originada por la institución de la familia. Para demostrar que ‘’existe’’ ese problema y agudizar la necesidad de un choque, e incrementar la coerción estatal sobre el varón, usan un constructo verbal nacido de las anteriores falacias sociológicas, y que categorizan con el concepto ‘’violencia ‘’de género’’’’.

Cada tragedia de sangre en la que una mujer es privada de su derecho a la vida por una conducta criminal que merece la más severa de las penas legales -algunos reclamamos la perentoriedad de la cadena perpetua para los casos más alevosos-, los políticos de izquierdas y colaboradores de la derecha torpe, feministas subvencionadas por unos y por otros con dinero del contribuyente, y medios, se encargan de instrumentalizar socialmente la mencionada tragedia a fin de demostrarnos de que nos encontramos frente a una ‘’epidemia machista’’, y que es urgente un ‘’pacto estatal’’ contra la violencia ‘’de género’’. En cambio, cuando el asesinado es varón, por la misma conducta criminal antes descrita, y para la que exigimos la misma severidad penal, como ha sido cursada por una mujer, entonces no hay caso de violencia ‘’de género’’ (y así consta en la información de la opinión publicada que omite deliberadamente toda referencia a violencia ‘’de género’’). Por efecto de complicidad, tampoco hay propaganda política socializando una tragedia privada, igual de dolorosa que la citada al inicio.

Sucedáneo moderno de la lucha de clases comunista, la lucha de sexos busca destruir al varón (lo señalan responsable del inexistente y ficticio heteropatriarcado capitalista) y debilitar y exponer la familia (la primera institución privada social espontánea) al poder coercitivo y arbitrario de la Administración pública (local, regional o estatal), porque según la raíz antropológica que sirve a la izquierda para poner a la familia como objeto a derribar, se trata de una institución que origina la propiedad privada de los medios de producción, como ya sostuvo Friedrich Engels en 1884 en su alambicada obra “El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado”. Este escrito, repleto de patrañas torticeras con aires científicos, también aporta “razones” para la victimización psicopatológica de la mujer, pues de acuerdo con el misma, antes de la “era capitalizante”, en un “pasado lejano” la mujer vivía libre del yugo del marido, y criaba a sus hijos como matriarca, sin ninguna “atadura” puesto que vivía en una “sana poligamia’’ (¡como si en los tiempos que corren se persiguiera la libertad sexual!) donde el “patriarca” no tenía poder sobre la mujer para someterla tiránicamente. Este pasaje de la obra me recuerda a Anna Gabriel, política catalana, separatista y anarco-comunista del partido de las CUP, que sostenía, literalmente, que ‘’los hijos deben ser criados en la tribu’’.

¡Fue llegar el capitalismo y aparecer la propiedad privada para que se jorobara el paraíso paleosocialista! Es imposible demostrar, científicamente, que existiera tal cosa, porque jamás existió. Todo simplemente emana de la pseudo-antropología calenturienta de la izquierda, enfocada en explicarnos de dónde venimos y borrar la Historia para escribir una a su despótico gusto. Cosas de la falsa sociología del comunismo, tan disparatadas como las de la falsa biología del nacionalsocialismo. Son tesis con maquillaje de ciencia, con una explicación esencialista de la historia (historicismo), y constituyen falacias cuyo único fin es incitar al odio indiscriminado contra todos los varones.

Repasando “El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado” encontraremos sin sorprendernos de dónde provienen la consigna contra el “heteropatriarcado” del femicomunismo en boga y la razón por la cual la ‘’izquierda amable” ha impulsado políticas públicas de género, con el adoctrinamiento como herramienta y la familia como institución a disolver.

En vista de lo apuntado anteriormente, no extraña que la nueva incursión despótica de la izquierda sea el doble de intensa que las anteriores en materia de intervencionismo en la vida personal, relacional y familiar. Someter la Patria Potestad a decisión de la Administración Pública local, retirar los derechos al padre en ese ámbito, otorgar privilegios mediante subvenciones a la presunta víctima (aunque la acusación de violencia sea falsa, insidiosa o producto de las coacciones y amenazas de la mujer sobre el hombre, que pueden tener lugar en el seno de una convivencia disfuncional), invertir la carga de la prueba, desconfigurar jurídicamente la presunción de inocencia del varón (desigualdad ante la ley por motivos de sexo) y atentar contra su derecho al honor sometiéndolo a escarnio de un órgano administrativo absolutamente sesgado (como es un órgano de gobierno), amparándose en la falacia de la violencia “de género”, es una intolerable arbitrariedad para el Estado de Derecho. Es una situación normativa impropia de cualquier sociedad libre de Occidente. Y refleja por dónde van los tiros del proyecto socialcomunista de las izquierdas, encubierto en talante, buenismo y corrección política. La defensa de la igualdad ante la ley (isonomía) es consustancial a la defensa de la familia, no como una institución privada hermética o inmóvil, sino como el único espacio de amortiguación en el que el individuo escapa al peligro de un estado sobreprotector, detrás del cual casi siempre subyace una forma sutil de tiranía sobre el ser humano, su voluntad y su autonomía. Si es suficiente una mera acusación de la mujer contra el hombre ante un órgano administrativo como es una corporación local para poner en entredicho la potestad de uno de los miembros de la familia sobre sus descendientes, entonces qué quita que, una vez vigente tan intervencionista norma, se apueste porque los hijos pasen a ser directamente propiedad social, como ocurre en regímenes comunistas.

 

 

 

Contra la reforma federal de España 

 Es habitual en la política española encontrar propuestas de un modelo de estado federal, incluso en partidos liberales, pero todas estas propuestas presentan una falta total de contenido e incluso son contradictorias ya que incluyen la idea de eliminar las diferencias que son intrínsecas con los sistemas federales y se basan en una profunda centralización, eso sí, en otra unidad territorial.

Es habitual en la política española encontrar propuestas de un modelo de estado federal, incluso en partidos liberales, pero todas estas propuestas presentan una falta total de contenido e incluso son contradictorias ya que incluyen la idea de eliminar las diferencias que son intrínsecas con los sistemas federales y se basan en una profunda centralización, eso sí, en otra unidad territorial.

Un modelo federal imposible

En primer lugar, hay que indicar que los estados federales funcionan como modelos para fusionar estados independientes, así ha sido el caso de Suiza (su nombre oficial es Confederación Helvética, aunque realmente es una federación), los Estados Unidos, que es la unión de las 13 colonias que se independizaron de Inglaterra como estados independientes, y de Australia y Canadá, que son federaciones de antiguas colonias británicas diferentes. Casos diferentes son Alemania y Austria, con estructuras federales a consecuencia de la II Guerra Mundial, que funcionaban de forma tradicional como una unión de estados.

Otros estados federales son los que se formaron en estados de nueva formación, como Argentina, Venezuela o, después de varios años, Brasil. También existen monarquías federales, como Malasia o Emiratos Árabes Unidos, que se forman también cuando un conjunto de colonias o de protectorados obtienen la independencia.

Ninguno de estos se asimila al caso de España, un país muy antiguo con una larga tradición de estado unitario, en el que hubo un intento de Constitución Federal, durante la I República, que acabo en una guerra civil antes incluso de su proclamación. Esto se debió a que la reforma no se realizó de abajo a arriba, sino que se trató de imponer de arriba a abajo, de forma similar a como se propone actualmente, por un grupo de políticos que tuvieron en cuenta otros objetivos diferentes al bienestar de los ciudadanos.

Ingeniería social

Además, las Comunidades Autónomas que se pretende transformar en Estados Federales son una obra de ingeniería social, muchos de ellos sin ninguna tradición, creado ad-hoc para esta estructura.

Mientras que la división provincial data del año 1833 (con la excepción de Las Palmas, formada en el siglo XX) y tienen una fuerte implantación, las Comunidades Autónomas actuales se formaron entre 1979 y 1983, excepto las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla, la mayoría sin refrendo popular y en la mayoría diferentes a las divisiones regionales de 1833 y a las diferentes regionalizaciones, incluidas las del proyecto de República Federal.

El actual sistema es una obra de ingeniería social, que incluso utiliza nombres que llevan al error, como la denominación de Comunidades Históricas que no tiene que ver con su antigüedad o tradición, sino por el Artículo de la Constitución Española al que se acogieron para su formación. Con símbolos creados para la ocasión y, en la mayoría de los casos, creadas sin refrendo popular o incluso a pesar de la oposición de los ciudadanos. A esto hay que añadir que transformar directamente estas Comunidades Autónomas en Estados Federales se debe considerar un fraude de ley, ya que no se crearon con ese objetivo.

No quiero decir con esto que se deban desmantelar, pero no considera que sea imprescindible mantener sus integridades territoriales.

Una alternativa liberal

Una alternativa liberal se debe basar en tres principios fundamentales: cercanía al ciudadano, contar con el refrendo popular y ser viables económicamente.

En lo referente al primer principio, cercanía al ciudadano, la estructura debe comenzar en los municipios, no se debe plantear un tamaño mínimo o un número de municipios concreto, habrá tantos como deseen los ciudadanos y del tamaño que los haga económicamente viables. Estos municipios pueden prestar los servicios más próximos al ciudadano, como son servicios públicos, incluyendo seguridad a escala local, emergencias, transporte y educación; tráfico, urbanismo, patrimonio histórico-artístico, medio ambiente y servicios sociales.

A continuación, se encontrarían las diputaciones provinciales, que tendrán como competencias los servicios públicos a nivel de provincia, que incluyen la administración de justicia, y la coordinación de seguridad y emergencias en los casos que afecten a varios municipios.

En un tercer nivel, estaría la comunidad autónoma que tendrán como competencias los servicios públicos a nivel regional y la coordinación de competencias, al igual que en las diputaciones provinciales, pero a nivel regional, destacando los servicios de sanidad y los recursos en la administración de justicia. No se contempla la posibilidad de política exterior, aunque en el marco de la Unión Europea podrían gestionar la formación de eurorregiones.

Por último, el país, que tendría competencias exclusivas en política exterior, defensa, marina, diplomacia, homologación de títulos formativos a todos los niveles, y la coordinación de los servicios públicos a escala nacional.

De modo general, una competencia será llevada a cabo por la administración más pequeña que puede ejecutarla de forma viable.

Seguro que se echan de menos competencias y ministerios, pero ¿son realmente necesarios?

El segundo principio es contar con el refrendo popular, es decir que toda la estructura territorial puede modificarse en función de la voluntad de los ciudadanos de cada una de estas estructuras mediante referéndum.

Así, partiendo de la situación actual los municipios podrían fusionarse, pero también se permitiría la segregación de sus núcleos de población para formar nuevos municipios o anexionarse a otros ya existentes, tras liquidar las posibles inversiones realizadas en esa unidad. La anexión y la creación de nuevos municipios no requerirían de continuidad geográfica.

Este mismo principio se aplicaría también a nivel de diputación provincial y de comunidad autónoma que también podrían fusionarse o segregarse, por lo que municipios podrían cambiar de diputación y de comunidad autónoma, formar una diputación nueva o crear estas nuevas comunidades autónomas.

El tercer y último principio es el de ser viables económicamente, y este es fundamental.

En primer lugar, cada unidad administrativa debe definir y recaudar sus propios impuestos de manera que sea viable financieramente, así, una unidad administrativa puede decidir prestar más servicios a cambio de aumentar la recaudación, o disminuir el gasto público mediante la privatización o el copago de ciertos servicios. Estas decisiones se tomarían en el nivel más cercano al ciudadano, por lo que su influencia y su responsabilidad en la decisión sería mayor.

Así, por ejemplo, un municipio podría decidir ofrecer educación gratuita a todos los niveles a sus ciudadanos mediante centros públicos propios, mediante centros privados concertados, mediante centros públicos situados en otra localidad con la que mantendría un acuerdo, o mediante la emisión de cheques escolares válidos en cualquier centro, o incluso podría decidir no prestar ese servicio a cambio de mantener unos impuestos más bajos. En estos casos cada centro podría escoger su programa de estudios, con la única condición de que sería la labor coordinadora nacional en educación la que, tras la superación de exámenes de grado, concedería los títulos académicos.

Otro ejemplo sería la sanidad, en este caso cada unidad administrativa decidiría que servicios prestar a sus ciudadanos y en qué tipo de centros (públicos, públicos de gestión privada o privados), siendo las funciones coordinadoras de las administraciones superiores las que garantizarían que se atiendan las urgencias a todos los ciudadanos en todo el territorio y se asegurara unas atenciones mínimas, con las correspondientes contraprestaciones económicas entre los actores.

Todas estas decisiones, al tomarse al nivel más cercano al ciudadano, serían más fáciles de valorar por parte de estos, lo que incentivaría el optimizar la gestión de las unidades administrativas.

¿Y qué ocurre si una unidad administrativa quiebra? Pues se debería disolver, es decir, que o bien se integraría en otra unidad administrativa equivalente o se fraccionaría pudiendo sus partes mantenerse independientes o integrarse en otras de manera que se garantice su viabilidad económica; ya que, al fin y al cabo, habrían sido las decisiones de sus gobernantes con el apoyo electoral de los ciudadanos, las que habrían desembocado en esa situación.

¿Qué se gana?

Aunque esta estructura es más complicada que la actual, presenta como principales ventajas un mayor acercamiento a las necesidades de los ciudadanos y una mayor responsabilidad de los gestores.

Además, se fomenta una competencia entre administraciones que llevarían a una mejora progresiva de los servicios a los ciudadanos a la vez que a una sucesiva reducción de sus gastos.

Una crítica podría ser que ciudadanos de diferentes territorios tendrían diferentes derechos según las servicios públicos a los que tendría derecho de acuerdo a las decisiones de las administraciones a las que están adscritos, pero eso no sería real, por un lado las labores coordinadoras a nivel nacional garantizaría unos servicios mínimos para todos, y por otro el hecho de que una administración, en igualdad de competencias con otras, decida prestar más o menos prestaciones no va contra la igualdad de derechos sino que es una muestra de libertad de decisión; en todo caso, si un ciudadano no estuviera satisfecho con los servicios que presta la unidad administrativa a la que está adscrito podría plantear cambios en la unidad más pequeña, que es la más fácil de influir, mudarse a otra unidad administrativa, o si tuviera el apoyo de un grupo de ciudadanos de su mismo núcleo de población, podría plantear una secesión de la unidad administrativa.

Diagnóstico presidencial de Colombia

Colombia se está jugando el partido de su vida. El panorama del país no es muy alentador, la sociedad pide un cambio pero a la vez en medio de una polarización tan grande podemos ver que para las elecciones del próximo 27 de mayo existen candidatos para todos los gustos.

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