Contra la reforma federal de España 

 Es habitual en la política española encontrar propuestas de un modelo de estado federal, incluso en partidos liberales, pero todas estas propuestas presentan una falta total de contenido e incluso son contradictorias ya que incluyen la idea de eliminar las diferencias que son intrínsecas con los sistemas federales y se basan en una profunda centralización, eso sí, en otra unidad territorial.

Es habitual en la política española encontrar propuestas de un modelo de estado federal, incluso en partidos liberales, pero todas estas propuestas presentan una falta total de contenido e incluso son contradictorias ya que incluyen la idea de eliminar las diferencias que son intrínsecas con los sistemas federales y se basan en una profunda centralización, eso sí, en otra unidad territorial.

Un modelo federal imposible

En primer lugar, hay que indicar que los estados federales funcionan como modelos para fusionar estados independientes, así ha sido el caso de Suiza (su nombre oficial es Confederación Helvética, aunque realmente es una federación), los Estados Unidos, que es la unión de las 13 colonias que se independizaron de Inglaterra como estados independientes, y de Australia y Canadá, que son federaciones de antiguas colonias británicas diferentes. Casos diferentes son Alemania y Austria, con estructuras federales a consecuencia de la II Guerra Mundial, que funcionaban de forma tradicional como una unión de estados.

Otros estados federales son los que se formaron en estados de nueva formación, como Argentina, Venezuela o, después de varios años, Brasil. También existen monarquías federales, como Malasia o Emiratos Árabes Unidos, que se forman también cuando un conjunto de colonias o de protectorados obtienen la independencia.

Ninguno de estos se asimila al caso de España, un país muy antiguo con una larga tradición de estado unitario, en el que hubo un intento de Constitución Federal, durante la I República, que acabo en una guerra civil antes incluso de su proclamación. Esto se debió a que la reforma no se realizó de abajo a arriba, sino que se trató de imponer de arriba a abajo, de forma similar a como se propone actualmente, por un grupo de políticos que tuvieron en cuenta otros objetivos diferentes al bienestar de los ciudadanos.

Ingeniería social

Además, las Comunidades Autónomas que se pretende transformar en Estados Federales son una obra de ingeniería social, muchos de ellos sin ninguna tradición, creado ad-hoc para esta estructura.

Mientras que la división provincial data del año 1833 (con la excepción de Las Palmas, formada en el siglo XX) y tienen una fuerte implantación, las Comunidades Autónomas actuales se formaron entre 1979 y 1983, excepto las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla, la mayoría sin refrendo popular y en la mayoría diferentes a las divisiones regionales de 1833 y a las diferentes regionalizaciones, incluidas las del proyecto de República Federal.

El actual sistema es una obra de ingeniería social, que incluso utiliza nombres que llevan al error, como la denominación de Comunidades Históricas que no tiene que ver con su antigüedad o tradición, sino por el Artículo de la Constitución Española al que se acogieron para su formación. Con símbolos creados para la ocasión y, en la mayoría de los casos, creadas sin refrendo popular o incluso a pesar de la oposición de los ciudadanos. A esto hay que añadir que transformar directamente estas Comunidades Autónomas en Estados Federales se debe considerar un fraude de ley, ya que no se crearon con ese objetivo.

No quiero decir con esto que se deban desmantelar, pero no considera que sea imprescindible mantener sus integridades territoriales.

Una alternativa liberal

Una alternativa liberal se debe basar en tres principios fundamentales: cercanía al ciudadano, contar con el refrendo popular y ser viables económicamente.

En lo referente al primer principio, cercanía al ciudadano, la estructura debe comenzar en los municipios, no se debe plantear un tamaño mínimo o un número de municipios concreto, habrá tantos como deseen los ciudadanos y del tamaño que los haga económicamente viables. Estos municipios pueden prestar los servicios más próximos al ciudadano, como son servicios públicos, incluyendo seguridad a escala local, emergencias, transporte y educación; tráfico, urbanismo, patrimonio histórico-artístico, medio ambiente y servicios sociales.

A continuación, se encontrarían las diputaciones provinciales, que tendrán como competencias los servicios públicos a nivel de provincia, que incluyen la administración de justicia, y la coordinación de seguridad y emergencias en los casos que afecten a varios municipios.

En un tercer nivel, estaría la comunidad autónoma que tendrán como competencias los servicios públicos a nivel regional y la coordinación de competencias, al igual que en las diputaciones provinciales, pero a nivel regional, destacando los servicios de sanidad y los recursos en la administración de justicia. No se contempla la posibilidad de política exterior, aunque en el marco de la Unión Europea podrían gestionar la formación de eurorregiones.

Por último, el país, que tendría competencias exclusivas en política exterior, defensa, marina, diplomacia, homologación de títulos formativos a todos los niveles, y la coordinación de los servicios públicos a escala nacional.

De modo general, una competencia será llevada a cabo por la administración más pequeña que puede ejecutarla de forma viable.

Seguro que se echan de menos competencias y ministerios, pero ¿son realmente necesarios?

El segundo principio es contar con el refrendo popular, es decir que toda la estructura territorial puede modificarse en función de la voluntad de los ciudadanos de cada una de estas estructuras mediante referéndum.

Así, partiendo de la situación actual los municipios podrían fusionarse, pero también se permitiría la segregación de sus núcleos de población para formar nuevos municipios o anexionarse a otros ya existentes, tras liquidar las posibles inversiones realizadas en esa unidad. La anexión y la creación de nuevos municipios no requerirían de continuidad geográfica.

Este mismo principio se aplicaría también a nivel de diputación provincial y de comunidad autónoma que también podrían fusionarse o segregarse, por lo que municipios podrían cambiar de diputación y de comunidad autónoma, formar una diputación nueva o crear estas nuevas comunidades autónomas.

El tercer y último principio es el de ser viables económicamente, y este es fundamental.

En primer lugar, cada unidad administrativa debe definir y recaudar sus propios impuestos de manera que sea viable financieramente, así, una unidad administrativa puede decidir prestar más servicios a cambio de aumentar la recaudación, o disminuir el gasto público mediante la privatización o el copago de ciertos servicios. Estas decisiones se tomarían en el nivel más cercano al ciudadano, por lo que su influencia y su responsabilidad en la decisión sería mayor.

Así, por ejemplo, un municipio podría decidir ofrecer educación gratuita a todos los niveles a sus ciudadanos mediante centros públicos propios, mediante centros privados concertados, mediante centros públicos situados en otra localidad con la que mantendría un acuerdo, o mediante la emisión de cheques escolares válidos en cualquier centro, o incluso podría decidir no prestar ese servicio a cambio de mantener unos impuestos más bajos. En estos casos cada centro podría escoger su programa de estudios, con la única condición de que sería la labor coordinadora nacional en educación la que, tras la superación de exámenes de grado, concedería los títulos académicos.

Otro ejemplo sería la sanidad, en este caso cada unidad administrativa decidiría que servicios prestar a sus ciudadanos y en qué tipo de centros (públicos, públicos de gestión privada o privados), siendo las funciones coordinadoras de las administraciones superiores las que garantizarían que se atiendan las urgencias a todos los ciudadanos en todo el territorio y se asegurara unas atenciones mínimas, con las correspondientes contraprestaciones económicas entre los actores.

Todas estas decisiones, al tomarse al nivel más cercano al ciudadano, serían más fáciles de valorar por parte de estos, lo que incentivaría el optimizar la gestión de las unidades administrativas.

¿Y qué ocurre si una unidad administrativa quiebra? Pues se debería disolver, es decir, que o bien se integraría en otra unidad administrativa equivalente o se fraccionaría pudiendo sus partes mantenerse independientes o integrarse en otras de manera que se garantice su viabilidad económica; ya que, al fin y al cabo, habrían sido las decisiones de sus gobernantes con el apoyo electoral de los ciudadanos, las que habrían desembocado en esa situación.

¿Qué se gana?

Aunque esta estructura es más complicada que la actual, presenta como principales ventajas un mayor acercamiento a las necesidades de los ciudadanos y una mayor responsabilidad de los gestores.

Además, se fomenta una competencia entre administraciones que llevarían a una mejora progresiva de los servicios a los ciudadanos a la vez que a una sucesiva reducción de sus gastos.

Una crítica podría ser que ciudadanos de diferentes territorios tendrían diferentes derechos según las servicios públicos a los que tendría derecho de acuerdo a las decisiones de las administraciones a las que están adscritos, pero eso no sería real, por un lado las labores coordinadoras a nivel nacional garantizaría unos servicios mínimos para todos, y por otro el hecho de que una administración, en igualdad de competencias con otras, decida prestar más o menos prestaciones no va contra la igualdad de derechos sino que es una muestra de libertad de decisión; en todo caso, si un ciudadano no estuviera satisfecho con los servicios que presta la unidad administrativa a la que está adscrito podría plantear cambios en la unidad más pequeña, que es la más fácil de influir, mudarse a otra unidad administrativa, o si tuviera el apoyo de un grupo de ciudadanos de su mismo núcleo de población, podría plantear una secesión de la unidad administrativa.

Libertad de expresión vs Socialdemocracia

Hace un tiempo, hablaba con unos compañeros de la facultad. Debatíamos sobre presos políticos o políticos presos, la justificación de que artistas fueran a la cárcel por sus obras, o la censura de aquellas ideas contrarias al statu quo. Inevitablemente, la conversación derivó en los famosos “límites” a la libertad de expresión. Lo que inició como debate, acabó en discusión.

Hoy no voy a hablar de raperos, de autobuses ni de Cataluña. No, hoy vamos a ir al grano. Y es que, fue justo en ese mismo instante, cuando descubrí la raíz del problema, y el quid de la cuestión va mucho más allá. Hoy trataré de exponer por qué la Socialdemocracia es incompatible con la Libertad de Expresión.

Pero, antes de nada, definamos qué es la Libertad de Expresión. Una buena definición podría ser la siguiente: Supone la libertad de expresar no sólo las ideas, opiniones o pensamientos consideradas como inofensivas o indiferentes, o que se acojan favorablemente, sino también aquellas que puedan inquietar u ofender al Estado o a una parte de la población. Esta definición no es de ningún liberal, libertario o anarquista. No, estas palabras son del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Por tanto, la cuestión que se plantea es ¿Hasta qué límite estamos dispuestos a llevar dicha libertad? Existe una respuesta unánime, que suele recitarse al unísono, sin saber realmente lo que quiere decir, y es que “la libertad de expresión tendrá su límite donde comience la libertad de otra persona”. Pues bien, esta afirmación no podría ser más cierta, a la vez que no podría ser más falsa.

Empecemos explicando por qué ciertamente se trata de una afirmación correcta, y es que uno de los principios básicos del Liberalismo es la coexistencia pacífica. Todos contamos con el derecho a cooperar (o no cooperar) con el resto, no pudiendo personas ajenas pisotear nuestros derechos individuales, sin que nosotros previamente hayamos prestado dicho consentimiento.

El problema aquí es que, en ningún momento la expresión de una opinión, idea o pensamiento hiere los Derechos y Libertades individuales, salvo, claro, que nos inventemos Derechos. Por ejemplo, el caso del Derecho al Honor. Lo cierto es que, conforme las sociedades avanzan, el uso de este derecho se ha ido perdiendo, quedando algo anticuado y notoriamente arbitrario.

Sin embargo, y aquí es donde nos vamos a detener, sigue preservándose una enorme limitación que actúa como una barrera dogmática infranqueable. Algunos lo llaman “interés general”, otros “bien común”. Yo lo llamo Estado.

Y es que el Estado es aquella institución que cuenta con el monopolio de la violencia legal -que no legítima-, capaz de echar todo lo anterior por tierra, por medio de leyes, regulaciones, decretos y páginas en el BOE.

Y ¿En qué se fundamenta esta barrera? Es lo que conocemos, o más bien, lo que nos quieren dar a conocer, como Moral y Orden Público, siendo estos los principios y valores -igualmente arbitrarios- imperantes que rigen la sociedad.

Llegados a este punto ¿Dónde está el problema? Existen 2 respuestas a esto:

En primer lugar, que supone una tremenda hipocresía creer que el problema está en que parte de nuestra Libertad es pisoteada, cuando, acto seguido, toda esta libertad le es entregada al político de turno, que, según el color del Congreso, legislará hacia una dirección o hacia otra. Y es que, cuando toda la defensa de una libertad le es entregada al Estado, éste tiene todo el poder para arrebatarla.

La segunda hipótesis es que, efectivamente, no se hiere ninguna Libertad, y en consecuencia, debería existir total libertad para expresar aquello que a cada cual le venga en gana, siempre y cuando se trate de una opinión, idea o pensamiento, excluyendo, por tanto, la amenaza directa.

Pero ¿Qué ocurre cuando una opinión, idea o pensamiento constituye, en sí misma, una amenaza, ya sea indirecta, para la sociedad? Dicho de otra forma ¿En la Sociedad actual, está permitido manifestar todo tipo de opinión, idea o pensamiento? La respuesta es no, ya que esto no es compatible con los fundamentos de la Socialdemocracia. Expliquemos mejor esto.

Socialdemocracia no es otra cosa que la combinación de un Estado social(ista), organizado en forma de Democracia. Y ¿Qué sucedería si cualquier ideología tuviera libertad de expresarse? Pues que ideas tan temidas como el Nazismo, el Fascismo o el Comunismo podrían hacerse con el poder, y, por tanto, controlar ese monopolio legal de la violencia.

Esto no es nada nuevo. El propio nacionalsocialismo Hitleriano obtuvo el poder de forma democrática, porque democracia significa que la Mayoría (Mitad + 1) decide y pisotea, mientras la Minoría (Mitad – 1) obedece y patalea.

Por tanto, ante semejante imperfección del sistema, la solución era clara: “prohibamos aquellas asociaciones con ideologías extremistas, y de esta manera, ya que no se pueden unir, nunca podrán llegar al poder”.

El problema de todo esto es el mismo que comentábamos antes. Cuando confías la defensa de toda tu libertad a alguien, solamente estás a un paso de ser su esclavo. Y es que, ¿Quién dice que mañana no constituyan un peligro contra el Orden público las ideas liberales-libertarias?

En definitiva, nadie nos garantiza que, en un día de mañana, y tras el habitual juego de tronos político, resulte que sean nuestras ideas las que sean censuradas, y alcancen dicha prohibición.

Por ello, tan solo existe una única posibilidad para que Sociedad y Libertad de Expresión no sean disyuntivas, sino metas alcanzables. Y es que parece obvia la relación negativa de que, a mayor poder del Estado, menor Libertad de Expresión (véase los Estados totalitarios).

La solución es sencilla: reduzcamos el poder que atesora el Estado en manos de los políticos, de manera que, independientemente de quién esté en el poder, nuestra vida no se vea radicalmente afectada y no dependa de ello.

Construyamos una sociedad que, al igual que en Suiza, no conozca la identidad de su presidente, no por incultura, sino por irrelevancia.