Fachas

No es algo nuevo. Desde hace años, en los medios de comunicación mainstream, institutos y universidades se utiliza el adjetivo “facha” para describir a quien discrepa de la superioridad moral del pensamiento único. Superioridad moral que, por cierto, no aguanta ni el más mínimo debate.

Evidentemente, y como en todo cambio significativo en la sociedad, el despertar ha sido lento pero firme. El 2 de Diciembre, el Partido Socialista sufrió, seguramente, uno de los golpes más duros de su historia. A estas alturas, si todo sale según lo previsto, podemos estar seguros de que perdieron el gobierno en su mayor nicho de votos, Andalucía, donde llevan gobernando casi cuarenta años. Al final, esos “fachas” que parecían estar amordazados y atemorizados por “el qué dirán” ganaron las elecciones, y demostraron que luchar por lo que es correcto vale la pena.

La reacción de la izquierda, que siempre ha sido profundamente demócrata (por favor, nótese el sarcasmo), no se hizo esperar ni 24 horas. El mismo 2 de Diciembre, cientos de estudiantes movilizados por Podemos asistieron a manifestaciones ilegales contra los frutos de la fiesta de la democracia. Mientras tanto, la aún presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que hizo una campaña más que grosera contra sus adversarios políticos, esquivaba toda autocrítica y, días después, compartía un artículo de un profesor que, al ver que algunos de sus alumnos seguían a VOX en Instagram, lamentaba no haberles adoctrinado más cuando pudo. Y los medios de comunicación, mientras grandes partidos políticos protagonizaban ejercicios de una irresponsabilidad democrática y moral inaudita, ¿de qué hablaban? De VOX mismo. Les preocupa más la aparición de un partido perfectamente constitucional que la violencia de la turba “antifascista” contra aquellos que no comulgan con sus abominables ideas. Hicieron gala de esa doble moral que les ha caracterizado siempre, según la cual todas las opiniones son válidas hasta que contradicen sus dogmáticas propuestas. Entonces usan el calificativo “facha” para señalar a los políticamente incorrectos, que según ellos son el mal personificado. “¡¿Cómo piensan así?!”, se preguntan utilizando esa fatal arrogancia que demuestran cada día.

Detrás de la etiqueta fácil con la que nos señalan a quienes defendemos la libertad sin complejos, se esconde un temor desmedido. Es el miedo al debate, a la lucha de las ideas y los ideales, a enfrentar opiniones con argumentos y no con puñetazos. Este sentimiento ha calado en la sociedad, y de qué manera. Tanto es así que los enemigos de la libertad están acostumbrados a que se les siga el juego y, cuando uno desafía la verdad oficial lo más mínimo, le insultan, increpan y agreden. Hace unos días, 15 energúmenos le pegaron una paliza a un chaval en la Universidad por defender la unidad de España. Los insultos hacia los liberales y conservadores están completamente normalizados y el Sindicato de Estudiantes, con la excusa barata de “luchar por los alumnos”, utiliza a los más jóvenes para fines políticos con el silencio cómplice de la mayoría. Y todo esto sin que casi nadie levante la voz por si corren la misma suerte que aquellos que se atrevieron.

Una de las vías que utilizan los verdaderos intolerantes, esos que se hacen llamar “antifascistas” y usan los medios de comunicación como medios de activismo, es dividir a la sociedad en grupos que consideran antagónicos. Intentan hacer su propia versión de la división marxista entre explotadores y proletarios. Así pues, en vez de individuos libres e iguales ante la ley, ven hombres (este grupo es el opresor, por supuesto) y mujeres, blancos y negros, liberales y socialdemócratas, votantes de PP, Cs o VOX y votantes de PSOE y Podemos… Así podría estar todo el día. Incluso los miembros de aquellos grupos que dicen defender que se dan cuenta de cómo les utilizan son insultados y verdaderamente amenazados por la extrema izquierda. Cabe preguntarse si esto es así porque quienes debieron oponerse al colectivismo han mirado a otro lado.

¿Se puede acabar con esta dictadura de lo políticamente correcto? Puede, pero para ello hay que perder el miedo a los insultos, mostrarnos tal y como somos y sentirnos orgullosos de pensar como pensamos. Si otros no tienen problema en decir lo que opinan, ¿por qué nosotros deberíamos tenerlo? ¿Hay algún inconveniente en que una opinión sea poco aceptada o polémica? El pensamiento unidireccional no sería tan poderoso si los silenciados se atrevieran a desafiarlo. En la política, como en la vida, no se puede ni se debe contentar a todo el mundo. PP, Cs y VOX deben saberlo. Deben ser auténticos y tomarse los insultos de la izquierda como lo que son, un halago. Al fin y  cabo, estos tres partidos tienen, supuestamente, posiciones contrarias a sus adversarios socialistas y socialdemócratas. Incluso desde la perspectiva de alguien que solamente mira por los votos, no encuentro razón alguna para molestarse por la opinión de los populistas, ya que no comparten un mismo target. Un político no puede esperar que le vote todo el mundo. Por ejemplo, no se pondrán nunca de acuerdo en economía un comunista y un liberal clásico, y pensar lo contrario ha sido clave en la degeneración de ciertos partidos que han perdido sus principios para sustituirlos por el punto de acuerdo. Necesitamos políticos valientes que, como Thatcher, no sean de “consenso” sino de “fuertes convicciones”. Nada más poderoso que la autenticidad contra la corrección política.

Podemos apreciar entonces que, para escapar del debate, los dogmáticos seguidores del pensamiento único utilizan la palabra “facha” para calificar a todo aquel que disidente de sus ideas. Así pues, y sin gran oposición social, se han normalizado los insultos contra los políticamente incorrectos, la utilización de los estudiantes y diferentes colectivos para fines políticos y, en definitiva, el acoso social y mediático contra aquellos que tienen opiniones más o menos polémicas. Esta autoritaria deriva es reversible. Es responsabilidad de los atacados dejar de buscar el consenso absoluto, reconocer que no se puede ni se debe estar de acuerdo con todo el mundo y actuar en consecuencia. Sólo se acabará con el colectivismo y con el miedo de una manera: sin complejos.

Crónica de una mentira anunciada 

Rectificar es de sabios, pero hacerlo cien veces es de inhábiles. Ya van más de veinte rectificaciones de este Gobierno no votado, que parece hacer buenos sus fracasos anteriores día sí y día también. Prometieron un cambio en España, y vaya si ha cambiado. Desaceleración económica, cesiones a los independentistas, más impuestos, falta de apoyo a la Policía y Guardia Civil, inmigración masiva… Una joya.

Para más colmo, el presidente, quien tantas lecciones de moral ha dado, parece ser un plagiador profesional. Según la exhaustiva investigación de ABC, el presidente no votado habría copiado literalmente numerosos textos ajenos, incluso del Ministerio de Industria, y los habría pegado en la tesis doctoral. Además, el señor Sánchez afirmó ayer en la sede de la soberanía nacional que su tesis estaba disponible en Teseo, lo cual ha sido desmentido por varios usuarios de redes sociales.

No es de extrañar que el presidente Sánchez, que hasta intentó esquivar al Senado y a la democracia con la que tanto se llena la boca para sacar adelante sus nada urgentes reales decretos, intente también tapar sus vergüenzas ocultado su tesis. Una vez desenmascarado, el hombre cuyo gobierno ha vivido la dimisión de dos ministros en 101 días ha anunciado que hará pública su tesis doctoral mañana, confirmando que, como se había advertido (contradiciendo la versión de Sánchez), la tesis no estaba en Teseo. Un intento de quedar bien por parte de un gobierno que no ha hecho más que dar pasos hacia atrás tras traicionar a los españoles y venderles al mejor postor.

Al fin y al cabo, tras haber cometido tantos y tan graves errores, ¿Quién puede confiar en Sánchez? Lo lógico sería que nadie lo hiciese, pero tras demasiadas mentiras y una duradera y miserable manipulación a la sociedad por parte de partidos populistas como el PSOE y, más tarde, Podemos, no es sorprendente que tantos españoles se crean dogmas que se deberían haber olvidado hace décadas enarbolando una bandera de falsa superioridad moral.

Cada minuto de Pedro Sánchez en el poder es una hora del duro trabajo que deberá hacer el próximo gobierno para reconstruir España. Conseguir el éxito cuesta mucho, pero acabar con él, un minuto. No es que nuestro país tenga encima la amenaza socialista, sino la realidad socialista. El sistema que con tantos países ha acabado empieza a hacer estragos en España, y corresponde a los españoles comprometidos con la libertad y la justicia rebelarse contra este gobierno mentiroso, débil e indigno. 

Contra la reforma federal de España 

 Es habitual en la política española encontrar propuestas de un modelo de estado federal, incluso en partidos liberales, pero todas estas propuestas presentan una falta total de contenido e incluso son contradictorias ya que incluyen la idea de eliminar las diferencias que son intrínsecas con los sistemas federales y se basan en una profunda centralización, eso sí, en otra unidad territorial.

Es habitual en la política española encontrar propuestas de un modelo de estado federal, incluso en partidos liberales, pero todas estas propuestas presentan una falta total de contenido e incluso son contradictorias ya que incluyen la idea de eliminar las diferencias que son intrínsecas con los sistemas federales y se basan en una profunda centralización, eso sí, en otra unidad territorial.

Un modelo federal imposible

En primer lugar, hay que indicar que los estados federales funcionan como modelos para fusionar estados independientes, así ha sido el caso de Suiza (su nombre oficial es Confederación Helvética, aunque realmente es una federación), los Estados Unidos, que es la unión de las 13 colonias que se independizaron de Inglaterra como estados independientes, y de Australia y Canadá, que son federaciones de antiguas colonias británicas diferentes. Casos diferentes son Alemania y Austria, con estructuras federales a consecuencia de la II Guerra Mundial, que funcionaban de forma tradicional como una unión de estados.

Otros estados federales son los que se formaron en estados de nueva formación, como Argentina, Venezuela o, después de varios años, Brasil. También existen monarquías federales, como Malasia o Emiratos Árabes Unidos, que se forman también cuando un conjunto de colonias o de protectorados obtienen la independencia.

Ninguno de estos se asimila al caso de España, un país muy antiguo con una larga tradición de estado unitario, en el que hubo un intento de Constitución Federal, durante la I República, que acabo en una guerra civil antes incluso de su proclamación. Esto se debió a que la reforma no se realizó de abajo a arriba, sino que se trató de imponer de arriba a abajo, de forma similar a como se propone actualmente, por un grupo de políticos que tuvieron en cuenta otros objetivos diferentes al bienestar de los ciudadanos.

Ingeniería social

Además, las Comunidades Autónomas que se pretende transformar en Estados Federales son una obra de ingeniería social, muchos de ellos sin ninguna tradición, creado ad-hoc para esta estructura.

Mientras que la división provincial data del año 1833 (con la excepción de Las Palmas, formada en el siglo XX) y tienen una fuerte implantación, las Comunidades Autónomas actuales se formaron entre 1979 y 1983, excepto las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla, la mayoría sin refrendo popular y en la mayoría diferentes a las divisiones regionales de 1833 y a las diferentes regionalizaciones, incluidas las del proyecto de República Federal.

El actual sistema es una obra de ingeniería social, que incluso utiliza nombres que llevan al error, como la denominación de Comunidades Históricas que no tiene que ver con su antigüedad o tradición, sino por el Artículo de la Constitución Española al que se acogieron para su formación. Con símbolos creados para la ocasión y, en la mayoría de los casos, creadas sin refrendo popular o incluso a pesar de la oposición de los ciudadanos. A esto hay que añadir que transformar directamente estas Comunidades Autónomas en Estados Federales se debe considerar un fraude de ley, ya que no se crearon con ese objetivo.

No quiero decir con esto que se deban desmantelar, pero no considera que sea imprescindible mantener sus integridades territoriales.

Una alternativa liberal

Una alternativa liberal se debe basar en tres principios fundamentales: cercanía al ciudadano, contar con el refrendo popular y ser viables económicamente.

En lo referente al primer principio, cercanía al ciudadano, la estructura debe comenzar en los municipios, no se debe plantear un tamaño mínimo o un número de municipios concreto, habrá tantos como deseen los ciudadanos y del tamaño que los haga económicamente viables. Estos municipios pueden prestar los servicios más próximos al ciudadano, como son servicios públicos, incluyendo seguridad a escala local, emergencias, transporte y educación; tráfico, urbanismo, patrimonio histórico-artístico, medio ambiente y servicios sociales.

A continuación, se encontrarían las diputaciones provinciales, que tendrán como competencias los servicios públicos a nivel de provincia, que incluyen la administración de justicia, y la coordinación de seguridad y emergencias en los casos que afecten a varios municipios.

En un tercer nivel, estaría la comunidad autónoma que tendrán como competencias los servicios públicos a nivel regional y la coordinación de competencias, al igual que en las diputaciones provinciales, pero a nivel regional, destacando los servicios de sanidad y los recursos en la administración de justicia. No se contempla la posibilidad de política exterior, aunque en el marco de la Unión Europea podrían gestionar la formación de eurorregiones.

Por último, el país, que tendría competencias exclusivas en política exterior, defensa, marina, diplomacia, homologación de títulos formativos a todos los niveles, y la coordinación de los servicios públicos a escala nacional.

De modo general, una competencia será llevada a cabo por la administración más pequeña que puede ejecutarla de forma viable.

Seguro que se echan de menos competencias y ministerios, pero ¿son realmente necesarios?

El segundo principio es contar con el refrendo popular, es decir que toda la estructura territorial puede modificarse en función de la voluntad de los ciudadanos de cada una de estas estructuras mediante referéndum.

Así, partiendo de la situación actual los municipios podrían fusionarse, pero también se permitiría la segregación de sus núcleos de población para formar nuevos municipios o anexionarse a otros ya existentes, tras liquidar las posibles inversiones realizadas en esa unidad. La anexión y la creación de nuevos municipios no requerirían de continuidad geográfica.

Este mismo principio se aplicaría también a nivel de diputación provincial y de comunidad autónoma que también podrían fusionarse o segregarse, por lo que municipios podrían cambiar de diputación y de comunidad autónoma, formar una diputación nueva o crear estas nuevas comunidades autónomas.

El tercer y último principio es el de ser viables económicamente, y este es fundamental.

En primer lugar, cada unidad administrativa debe definir y recaudar sus propios impuestos de manera que sea viable financieramente, así, una unidad administrativa puede decidir prestar más servicios a cambio de aumentar la recaudación, o disminuir el gasto público mediante la privatización o el copago de ciertos servicios. Estas decisiones se tomarían en el nivel más cercano al ciudadano, por lo que su influencia y su responsabilidad en la decisión sería mayor.

Así, por ejemplo, un municipio podría decidir ofrecer educación gratuita a todos los niveles a sus ciudadanos mediante centros públicos propios, mediante centros privados concertados, mediante centros públicos situados en otra localidad con la que mantendría un acuerdo, o mediante la emisión de cheques escolares válidos en cualquier centro, o incluso podría decidir no prestar ese servicio a cambio de mantener unos impuestos más bajos. En estos casos cada centro podría escoger su programa de estudios, con la única condición de que sería la labor coordinadora nacional en educación la que, tras la superación de exámenes de grado, concedería los títulos académicos.

Otro ejemplo sería la sanidad, en este caso cada unidad administrativa decidiría que servicios prestar a sus ciudadanos y en qué tipo de centros (públicos, públicos de gestión privada o privados), siendo las funciones coordinadoras de las administraciones superiores las que garantizarían que se atiendan las urgencias a todos los ciudadanos en todo el territorio y se asegurara unas atenciones mínimas, con las correspondientes contraprestaciones económicas entre los actores.

Todas estas decisiones, al tomarse al nivel más cercano al ciudadano, serían más fáciles de valorar por parte de estos, lo que incentivaría el optimizar la gestión de las unidades administrativas.

¿Y qué ocurre si una unidad administrativa quiebra? Pues se debería disolver, es decir, que o bien se integraría en otra unidad administrativa equivalente o se fraccionaría pudiendo sus partes mantenerse independientes o integrarse en otras de manera que se garantice su viabilidad económica; ya que, al fin y al cabo, habrían sido las decisiones de sus gobernantes con el apoyo electoral de los ciudadanos, las que habrían desembocado en esa situación.

¿Qué se gana?

Aunque esta estructura es más complicada que la actual, presenta como principales ventajas un mayor acercamiento a las necesidades de los ciudadanos y una mayor responsabilidad de los gestores.

Además, se fomenta una competencia entre administraciones que llevarían a una mejora progresiva de los servicios a los ciudadanos a la vez que a una sucesiva reducción de sus gastos.

Una crítica podría ser que ciudadanos de diferentes territorios tendrían diferentes derechos según las servicios públicos a los que tendría derecho de acuerdo a las decisiones de las administraciones a las que están adscritos, pero eso no sería real, por un lado las labores coordinadoras a nivel nacional garantizaría unos servicios mínimos para todos, y por otro el hecho de que una administración, en igualdad de competencias con otras, decida prestar más o menos prestaciones no va contra la igualdad de derechos sino que es una muestra de libertad de decisión; en todo caso, si un ciudadano no estuviera satisfecho con los servicios que presta la unidad administrativa a la que está adscrito podría plantear cambios en la unidad más pequeña, que es la más fácil de influir, mudarse a otra unidad administrativa, o si tuviera el apoyo de un grupo de ciudadanos de su mismo núcleo de población, podría plantear una secesión de la unidad administrativa.

España, esa pesadilla para ser mujer.

España, esa pesadilla para ser mujer.

 

Tras el éxito de la convocatoria de la manifestación por el Día Internacional de Mujer, se pudieron ver decenas de fotos algunas mujeres con unos carteles con unas reivindicaciones bastante absurdas, sin olvidar todo lo ya dicho en el manifiesto de convocatoria original, en ambos casos se le echaba la culpa de todos sus males al capitalismo heteropatriarcal, ese ente imaginario, al cual me lo imagino en reuniones secretas en los últimos pisos de un rascacielos en las que se decide que los lunes y martes hay que oprimir a las mujeres, los miércoles y jueves a las minorías étnicas de cada país, los viernes a los homosexuales y transexuales, los sábados a los pobres, y los domingos hay que descansar como Dios cuando creó el mundo (según la biblia).

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Libertad de expresión, un contexto, #twitquisicion

Este post se creó a raíz de los sucesos acontecidos en Febrero de 2018, el secuestro de “Fariña” de Nacho Carretero, la sentencia a prisión del rapero Valtónic, la supuesta conspiración bajo el hashtag #twitquisicion, la retirada de la obra de Santiago Sierra de la feria ARCO y, como principal motivo la existencia de la “Ley de Seguridad Ciudadana”.

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